Según un documento de la Biblioteca del Congreso la actual Constitución ha tenido 55 modificaciones, desde 1989 al 2020. Como mínimo esto indica que el texto de la "carta fundamental" no está "grabado en piedra", de tal manera que si hace una mínima modificación se rompe la piedra.

Dados los acontecimientos generados desde el 18 de octubre y el apoyo del 80% a una nueva constitución generada por una Convención Constituyente totalmente electa, es hora de reconocer el rol permanente que debe tener el pueblo soberano: no solamente concordar un texto, sino que adicionalmente verificar que se han organizado las instituciones definidas y se han cumplido fielmente sus normas. La historia muestra que se definieron instituciones que quedaron en el olvido.

De esta manera es recomendable establecer un proceso de evaluación y revisión de la aplicación de las normas constitucionales (por ejemplo, cada 10 años) por medio de un organismo colegiado elegido por sorteo a nivel comunal y que funcione por agregación hasta el nivel nacional. Por obvias razones, este proceso no puede ser ejecutado por ningún otro poder del Estado, ya en los hechos son ellos los evaluados, desde la perspectiva de las comunidades organizadas.

Posiblemente la primera revisión debería hacerse a los 5 años de promulgarse la nueva constitución, considerando que habrá cambios sustantivos en la organización política y económica.


 

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